Esto en medio de un escándalo que estalló en el país tras las revelaciones de un medio uruguayo en que el militar retirado, José Gavazzo reconocía ante el tribunal de honor haber sido el responsable de asesinar a un militante de izquierda durante la dictadura en 1973.

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, designó el martes a los nuevos ministro de Defensa y jefe del Ejército, en medio de un escándalo sobre derechos humanos durante la última dictadura militar por el cual asumió “toda la responsabilidad política” y se puso a disposición de la justicia.

“Asumo toda la responsabilidad política y será la justicia la que lo tendrá que determinar”, dijo Vázquez en una entrevista concedida al canal local VTV, luego de informar la designación para la cartera de Defensa del exlegislador José Bayardi, quien ya dirigió esa secretaría por un año en su primer gobierno (2005-2010).

Para comandar al Ejército, el presidente eligió a su edecán, el general Claudio Feola, jefe de la Casa Militar y antiguo comandante de misiones de paz uruguayas para la ONU.

Estos movimientos se dan luego de que Vázquez recibiera la renuncia obligada del anterior secretario de Defensa, Jorge Menéndez, su vice y buena parte de la cúpula del Ejército en medio de un escándalo sobre torturas y muerte de un militante de izquierda casi al inicio de la última dictadura militar (1973-1985).

El mandatario había separado el lunes a seis generales que integraron tribunales de honor militar en los que se juzgó el comportamiento de efectivos que actuaron durante la década de 1970, entre ellos el anterior jefe del Ejército José González, quien había sido nombrado recientemente.
Omisiones y desconocimiento

“Yo no homologué lo que había actuado el tribunal…”, se defendió Vázquez. Si bien firmó los documentos, el presidente alegó que no leyó específicamente los expedientes con confesiones de delitos de lesa humanidad y agregó que los militares actuantes deberían haberlos denunciados al gobierno para su pase a la justicia ordinaria.

Todo estalló con una investigación del diario El Observador que divulgó declaraciones del militar retirado José Gavazzo, quien confesó ante el tribunal de honor castrense haber arrojado al río Negro (centro del país) en 1973 el cuerpo de José Gomensoro, recluso en un cuartel.

Gomensoro, considerado el primer desaparecido político por acción de las Fuerzas Armadas en Uruguay, era militante de la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros), que integró en su juventud el expresidente José Mujica (2010-2015). Gavazzo ya estaba condenado por 28 homicidios en causas de derechos humanos.

Las críticas al gobierno y a los militares se desataron porque esas confesiones no fueron derivadas a la Justicia ordinaria, al tiempo que en el partido oficialista se cerraron filas en torno a Vázquez, quien consideró “histórico” que con esas confesiones se rompió un “pacto de silencio” entre militares para encubrir acusaciones.

“Acá hay una persona que siendo inocente estuvo presa y otras dos personas que sabiendo que era inocente dejaron que estuviera presa”, señaló Vázquez, en referencia a un oficial que fue procesado anteriormente por el crimen de Gomensoro.

Justicia en acción, malestar militar

El fiscal de Corte (ministro de Justicia), Jorge Díaz, ya envió antecedentes a la justicia ordinaria para que aborde el asunto.

La lupa también recae ahora sobre el secretario de la presidencia, Miguel Ángel Toma, por no advertir a Vázquez del tenor de los expedientes, en tanto el fiscal encargado de crímenes de lesa humanidad solicitó reabrir el caso Gomensoro, al igual que la familia de la víctima.

Esta es la mayor tormenta que afronta Vázquez en dos períodos como presidente y también la coalición Frente Amplio (FA, izquierda) desde que llegó al gobierno en 2005. Antes debieron lidiar con la renuncia forzada del vicepresidente Raúl Sendic en 2017, quien fue procesado luego por peculado y abuso de funciones.

Además, se generó un malestar amplio en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, las cuales ya mantienen una tensa relación por temas como la polémica reforma de la caja jubilatoria militar impulsada por la izquierda. Ahora resurgieron con fuerza reclamos de una amplia modificación de la Ley Orgánica militar, que rige la formación y justicia castrense.

El escándalo estalló cuando todavía estaba muy fresca la destitución del comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, precisamente por criticar a la justicia ordinaria.

También explotó en plena campaña electoral para las presidenciales de 2019, cuando la coalición FA busca un cuarto mandato.

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