Entre los asistentes que repelieron el ataque se encontraban detectives de PDI, quienes trabajaban protegiendo a la comitiva del embajador Patricio Utreras. A raíz de esta situación, una persona de nacionalidad haitiana, miembro de la Fundación América Solidaria, falleció en el lugar.
Este miércoles, en medio de una actividad de la Fundación América Solidaria en un pueblo ubicado a una hora de Puerto Príncipe, en Haití, desconocidos irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar con fusiles AK-47.

En el lugar se encontraba presente el embajador de Chile en el país, Patricio Utreras, junto a su esposa. Los datos preliminares apuntan a un grupo de atacantes que llegaron a bordo de una camioneta Ford blanca y bajaron realizando disparos contra la comitiva chilena.

Entre los asistentes que repelieron el ataque se encontraban integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajaban protegiendo al embajador, por lo que usaron sus armas de servicio. A raíz de esta situación, una persona de nacionalidad haitiana, miembro de la Fundación América Solidaria, falleció en el lugar.

La noticia fue confirmada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick. En tanto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores detallaron que “hoy, mientras se dirigían a una actividad de América Solidaria en la localidad de Boutin, al noreste de Puerto Príncipe, la comitiva que trasladaba al Embajador de Chile en Haití, Patricio Utreras, sufrió un ataque armado, presuntamente delictual. El asalto fue repelido por el equipo de seguridad de la Embajada y los atacantes huyeron del lugar”.

El comunicado enviado por Cancillería añade que “como consecuencia de este asalto, falleció un voluntario de América Solidaria de nacionalidad haitiana, Frantz Eliancin, mientras que el chofer del embajador resultó con una herida a bala en una muñeca. Todos ellos fueron trasladados a un centro asistencial para ser evaluados”.

Por ahora se desconocen los motivos del ataque aunque Chadwick apuntó a que “habrían indicios que serían de carácter delictual”. El diplomático y su mujer no sufrieron ningún daño, mientras que la delegación ya retornó a Puerto Príncipe y se encuentran bajo cuidado médica.

Esto en medio de un escándalo que estalló en el país tras las revelaciones de un medio uruguayo en que el militar retirado, José Gavazzo reconocía ante el tribunal de honor haber sido el responsable de asesinar a un militante de izquierda durante la dictadura en 1973.

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, designó el martes a los nuevos ministro de Defensa y jefe del Ejército, en medio de un escándalo sobre derechos humanos durante la última dictadura militar por el cual asumió “toda la responsabilidad política” y se puso a disposición de la justicia.

“Asumo toda la responsabilidad política y será la justicia la que lo tendrá que determinar”, dijo Vázquez en una entrevista concedida al canal local VTV, luego de informar la designación para la cartera de Defensa del exlegislador José Bayardi, quien ya dirigió esa secretaría por un año en su primer gobierno (2005-2010).

Para comandar al Ejército, el presidente eligió a su edecán, el general Claudio Feola, jefe de la Casa Militar y antiguo comandante de misiones de paz uruguayas para la ONU.

Estos movimientos se dan luego de que Vázquez recibiera la renuncia obligada del anterior secretario de Defensa, Jorge Menéndez, su vice y buena parte de la cúpula del Ejército en medio de un escándalo sobre torturas y muerte de un militante de izquierda casi al inicio de la última dictadura militar (1973-1985).

El mandatario había separado el lunes a seis generales que integraron tribunales de honor militar en los que se juzgó el comportamiento de efectivos que actuaron durante la década de 1970, entre ellos el anterior jefe del Ejército José González, quien había sido nombrado recientemente.
Omisiones y desconocimiento

“Yo no homologué lo que había actuado el tribunal…”, se defendió Vázquez. Si bien firmó los documentos, el presidente alegó que no leyó específicamente los expedientes con confesiones de delitos de lesa humanidad y agregó que los militares actuantes deberían haberlos denunciados al gobierno para su pase a la justicia ordinaria.

Todo estalló con una investigación del diario El Observador que divulgó declaraciones del militar retirado José Gavazzo, quien confesó ante el tribunal de honor castrense haber arrojado al río Negro (centro del país) en 1973 el cuerpo de José Gomensoro, recluso en un cuartel.

Gomensoro, considerado el primer desaparecido político por acción de las Fuerzas Armadas en Uruguay, era militante de la guerrilla Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros), que integró en su juventud el expresidente José Mujica (2010-2015). Gavazzo ya estaba condenado por 28 homicidios en causas de derechos humanos.

Las críticas al gobierno y a los militares se desataron porque esas confesiones no fueron derivadas a la Justicia ordinaria, al tiempo que en el partido oficialista se cerraron filas en torno a Vázquez, quien consideró “histórico” que con esas confesiones se rompió un “pacto de silencio” entre militares para encubrir acusaciones.

“Acá hay una persona que siendo inocente estuvo presa y otras dos personas que sabiendo que era inocente dejaron que estuviera presa”, señaló Vázquez, en referencia a un oficial que fue procesado anteriormente por el crimen de Gomensoro.

Justicia en acción, malestar militar

El fiscal de Corte (ministro de Justicia), Jorge Díaz, ya envió antecedentes a la justicia ordinaria para que aborde el asunto.

La lupa también recae ahora sobre el secretario de la presidencia, Miguel Ángel Toma, por no advertir a Vázquez del tenor de los expedientes, en tanto el fiscal encargado de crímenes de lesa humanidad solicitó reabrir el caso Gomensoro, al igual que la familia de la víctima.

Esta es la mayor tormenta que afronta Vázquez en dos períodos como presidente y también la coalición Frente Amplio (FA, izquierda) desde que llegó al gobierno en 2005. Antes debieron lidiar con la renuncia forzada del vicepresidente Raúl Sendic en 2017, quien fue procesado luego por peculado y abuso de funciones.

Además, se generó un malestar amplio en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, las cuales ya mantienen una tensa relación por temas como la polémica reforma de la caja jubilatoria militar impulsada por la izquierda. Ahora resurgieron con fuerza reclamos de una amplia modificación de la Ley Orgánica militar, que rige la formación y justicia castrense.

El escándalo estalló cuando todavía estaba muy fresca la destitución del comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, precisamente por criticar a la justicia ordinaria.

También explotó en plena campaña electoral para las presidenciales de 2019, cuando la coalición FA busca un cuarto mandato.

Efectivos del Ejército ruso han llegado a Venezuela, pero no participarán en operaciones militares, dijo el jueves el agregado militar del país sudamericano en Moscú, citado por la agencia de noticias Ifax.

Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo más tarde que su país envió a un equipo de especialistas a Venezuela para hablar sobre cooperación militar a petición del gobierno en Caracas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que Rusia debe retirar sus soldados de Venezuela y afirmó que “todas las opciones” están abiertas para lograr ese objetivo.

El jueves, el Kremlin rechazó el llamado de Trump a remover sus soldados de Venezuela, argumentando que sus acciones en la nación sudamericana eran legítimas tras ser acordadas con el Gobierno de Caracas.

Dos aviones de la fuerza aérea rusa aterrizaron en las afueras de Caracas el sábado con unos 100 soldados rusos, de acuerdo a reportes de medios locales. Rusia se había negado a comentar esta información hasta ahora.

“La presencia de soldados rusos en Venezuela está relacionada con la discusión sobre cooperación en la esfera técnico-militar”, afirmó José Rafael Torrealba Pérez, según Interfax.

La portavoz de la Cancillería rusa, Maria Zakharova, dijo en su comparecencia de prensa semanal de los jueves que “Rusia no está cambiando el equilibrio de poder en la región, Rusia no está amenazando a nadie, a diferencia de los ciudadanos (funcionarios) en Washington”.

“A Venezuela han llegado especialistas rusos, en línea con las cláusulas de un acuerdo bilateral intergubernamental sobre cooperación técnico-militar. Nadie ha cancelado este documento”, señaló.

Rusia y China apoyan el presidente Nicolás Maduro en la crisis política que atraviesa Venezuela, mientras que Estados Unidos y la mayoría de países occidentales respaldan al líder opositor Juan Guaidó. En enero, Guaidó invocó la Constitución para asumir la presidencia interina del país sudamericano, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue ilegítima.

Investigación de Greenpeace junto a académicos y científicos de las universidades de York y Oxford expone las enormes implicancias medioambientales que tendría la protección del 30% de los océanos al año 2030. “Como nunca antes las aguas del mar están amenazadas por la pesca intensiva, los plásticos y el cambio climático. Es por esto que necesitamos con urgencia proteger al menos un tercio de nuestros océanos para el 2030. Nuestra investigación demuestra que esto es completamente posible y que este plan preservará la vida marina, ayudándola a enfrentar la crisis que atraviesan los océanos”, afirmó Estefanía Gonzalez, coordinadora del programa de océanos de Greenpeace Andino.
Greenpeace liberó uno de los estudios más completos en que ha participado y que, tras dos años de investigación junto a académicos y científicos de las universidades de York y Oxford, expone las enormes implicancias de protección medioambiental que tendría resguardar un 30% de los océanos al año 2030.

La investigación, en la cual resalta un completo mapa interactivo de los mares del planeta, busca sustentar las implicancias que una protección de 1/3 de los océanos tendría para resguardar la vida silvestre y mitigar los impactos del cambio climático.

La propuesta se da en el marco de la reunión de esta semana en la ONU, donde los gobiernos del mundo discuten un Tratado Global de los Océanos.

“Como nunca antes las aguas del mar están amenazadas por la pesca intensiva, los plásticos y el cambio climático. Es por esto que necesitamos con urgencia proteger al menos un tercio de nuestros océanos para el 2030. Nuestra investigación demuestra que esto es completamente posible y que este plan preservará la vida marina, ayudándola a enfrentar la crisis que atraviesan los océanos”, afirmó Estefanía Gonzalez, coordinadora del programa de océanos de Greenpeace Andino.

El estudio, conocido como 30x30, presenta el diseño de una red global de áreas marinas protegidas en aguas internacionales donde se trazó la distribución de especies, incluidas aquellas en peligro de extinción, hábitats críticos para la biodiversidad y ecosistemas únicos para generar una cadena de santuarios oceánicos.

En el informe destaca un mapa interactivo gracias al cual se pueden explorar diversos escenarios para la protección marina (por ejemplo diferencia entre proteger el 30% o el 50% de los océanos), así como puntos especialmente destacables de vida silvestre y amenazas, como la pesca industrial, la explotación minera de los fondos marinos, plásticos y cambio climático.

Las aguas internacionales abarcan el 70% del espacio vital del planeta, donde alberga un impresionante riqueza de vida marina y ecosistemas, esenciales para la salud de la Tierra.

Las negociaciones en la ONU hacia un Tratado Global del Océano podrían abrir el camino para la protección de los océanos fuera de las fronteras nacionales, que cubren 230 millones de kilómetros cuadrados.

Nota:
30x30: El plan para la protección de los océanos se basa en un estudio científico realizado por un equipo de expertos dirigido por el profesor Callum Roberts de la Universidad de York para diseñar una red de áreas marinas protegidas para las aguas internacionales. El equipo de investigación incluyó a científicos de las Universidades de York, Oxford, Edimburgo y Salford, y el estudio contó con el apoyo financiero de 'Umweltstiftung Greenpeace' (Environment Foundation Greenpeace), Alemania, que promueve la protección del medio ambiente y la naturaleza, así como la paz. Apoya las campañas de Greenpeace y otros proyectos de conservación en todo el mundo.

La Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) informó este lunes la detención en Nueva York de dos hombres con un cargamento de 34 kilos de heroína y fentanilo, valorado en más de 10 millones de dólares, que estaban envueltos en paquetes con la foto del capo colombiano Pablo Escobar.

Los detenidos fueron identificados como Ariel Hernandez, quien fue acusado de posesión criminal de una sustancia controlada, y Luisuidyn Garcia Mena, señalado de conspiración y de suplantación de identidad, de acuerdo con medios locales.

La mayoría de la droga confiscada en un apartamento en la comunidad de Harlem estaba envuelta en forma de ladrillo mientras una pequeña cantidad fue encontrada en la mochila que llevaba Hernández.

También fueron confiscados 200.000 dólares en efectivo, una máquina para contar dinero, registros de transacciones y una balanza.

El operativo de la DEA, el Departamento de Seguridad y la Policía de Nueva York se realizó el pasado jueves como parte de una investigación contra el narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades, los paquetes estaban envueltos con cinta adhesiva marrón, negra y transparente, algunas tenían la foto de Escobar y otros fueron identificados con los nombres de "Pablo", "Escobar", códigos o imágenes de aviones, indica además la prensa local.

"Las muertes relacionadas con los opioides están en un nivel muy alto y es nuestro trabajo investigar a los responsables de la distribución ilegal de la droga", indicó el agente de la DEA a cargo de Nueva York, Ray Donovan.

"Esta organización usó una foto de Pablo Escobar, conocido como 'el rey de la cocaína', para marcar su producto. Aunque esta confiscación no se trató de cocaína, muestra una señal de los tiempos: que la heroína y el fentanilo, son los productos más rentables y abundantes para los traficantes y la amenaza más mortal para el público", indicó Donovan.

El objetivo del presidente de EE.UU. era subrayar las dificultades que sufren las autoridades de la zona ante la entrada incontenible de inmigrantes.
Donald Trump viajó ayer al Sur de California para comprobar de primera mano la situación en la frontera con México, después de una semana de idas y venidas sobre sus planes para contener la llegada de inmigrantes indocumentados a EE.UU.

El objetivo del presidente de EE.UU. era subrayar las dificultades que sufren las autoridades de la zona -patrulla de fronteras, policía migratoria, gobernantes locales- ante la entrada incontenible de inmigrantes, la mayoría procedentes de Centroamérica. Desde finales del año pasado, cerca de 125.000 personas han tenido que ser liberadas casi inmediatamente tras su detención por la incapacidad de las autoridades de mantenerlos bajo custodia, con los centros de detención a rebosar y sin posibilidad de mantener arrestados a familias con menores -la mayoría de los inmigrantes que cruzan ahora la frontera- durante más de 20 días.

La frontera está desbordada, una situación que parece haber contagiado los planes de Trump: hace siete días, amenazó con «cerrar la frontera, o amplias partes de ella» esta misma semana si México no detenía la entrada de inmigrantes ilegales. La amenaza disparó el número de entradas de inmigrantes y el precio de importaciones como el aguacate.

Ante las críticas a la idea dentro y fuera de su partido, Trump rectificó el jueves y dijo que daba a México «una advertencia de un año» para controlar el flujo de inmigrantes o respondería con aranceles a sus coches.

Ayer defendió que no había dado marcha atrás a su amenaza de cierre de frontera, pero prefirió concretar un arancel del 25% a los coches mexicanos si la situación no cambiaba y aseguró que México estaba haciendo grandes esfuerzos en los últimos días.

Trump visitó en concreto la localidad de Calexico, donde escuchó de primera mano los testimonios de la policía y autoridades sobre la situación descontrolada, y advirtió a los inmigrantes: «No os podemos dejar pasar. Este país está lleno».

Después visitó un segmento de la frontera donde se ha instalado una placa que la denomina «la primera sección del muro fronterizo del presidente Trump». Se trata, sin embargo, de una valla de remplazo aprobada en 2009, en el primer mandato de la presidencia de Barack Obama.

Transcurrido el ecuador de su primera presidencia, la realidad es que Trump no ha podido construir todavía ni un kilómetro nuevo de su gran promesa electoral. Ayer dijo que el primer segmento nuevo, una valla de unos 20 kilómetros, está listo para empezar a levantarse, algo que aseguró que podría ocurrir esta misma semana.

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