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El proyecto que regula el funcionamiento de estas App de movilidad fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados, pasando con suma urgencia al Senado.
En el día de ayer la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que busca regular las aplicaciones digitales para el transporte público en el país como Uber o Cabify.

La ministra de Transportes Gloria Hutt, se refirió a este proyecto que pasa al siguiente paso con suma urgencia. “El primer requisito del proyecto es que deben constituirse como una empresa en Chile, cosa que ahora no ocurre”, precisó la secretaria de Estado.

Por otro lado, se deberán registran los vehículos “en una base que administrará el Ministerio y también a los conductores que van a funcionar en el sistema”.

Estas normas, según la opinión de Hutt, debieran traducirse en un mejor servicio. “Hay una situación de mercado imperfecta, lo que tenemos que hacer es acelerar el proyecto, en el Senado se debiera profundizar la propuesta (…) lo que se presentó son los requisitos para el funcionamiento, porque no tiene normas laborales”.

Ignacio García-Huidobro comentó el mayor aumento en precios de los planes en ocho años en el sistema.
El superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro, admitió que las isapres pueden estar cometiendo un abuso con el alza de sus planes de salud, los mayores en ocho años.

La autoridad mencionó varios factores que considera como causas de esta fuerte alza. "Esto es multifactorial. El modelo de atención que tenemos en el sistema privado donde básicamente se paga por todas las prestaciones, no hay modelo que busque básicamente atenciones más costo-efectivas, el envejecimiento de la población, toda la introducción de tecnologías nuevas, medicamentos nuevos", dijo García Huidobro.

Además también mencionó como factor de alzas "la judicialización" que "ha ido creciendo: hoy tenemos alrededor de 250 mil a 300 mil casos judicializados al año y eso tiene costos para el sistema que se traspasan a los usuarios".

Consultado sobre este último punto en particular respecto a si esto puede considerarse un abuso por el traspaso a los usuarios de los costos de la judicialización, después de ser condenadas por tribunales al pago de las costas de los juicios, el superintendente afirmó que falta regulación.

"Yo no estoy justificando, estoy dando una explicación que interpretamos que dan respuesta a este reajuste (...) Se pudiese considerar un abuso, se pudiese considerar que el sistema no ha tenido toda la regulación que requiere porque estamos desde el año 2010 esperando una reforma", planteó.

Por ello, recordó que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para regular las isapres.

"El proyecto de ley debiese corregir esta y otras situaciones. Desde que asumimos hemos trabajado en distintas regulaciones que busquen un ordenamiento que lamentablemente estaba dejado de lado hace muchos años", recalcó.

Retención de la devolución de impuestos
Además, el superintendente se refirió a la retención de la devolución de impuestos de los trabajadores independientes con la que se pagarán las cotizaciones previsionales y de salud, lo que ha desatado gran molestia en este grupo de trabajadores.

"Todos los cotizantes independientes que por ley van a tener que cotizar y tener un sistema de salud que los proteja. Básicamente también estamos, mediante distintas regulaciones, buscando el control y el ordenamiento de esta nueva ley", comentó.

"Es una ley que está saliendo, que están saliendo los distintos decretos y reglamentos y estamos sacando las regulaciones de cómo van a tener que hacer el manejo de todas estas platas", añadió García-Huidobro.

El superintendente explicó que esos recursos "van a quedar en una cuenta diferente que van a tener que llevar las isapres respecto a este grupo de cotizantes".

"Los intereses son de los usuarios y se van a repartir cuando corresponda", detalló la autoridad, quien abundó que "aquellas personas que ya hayan hecho sus cotizaciones se les devolverá el monto respectivo con los intereses respectivos".

"Los independientes tenían una situación de desprotección y todos estos procesos nuevos en estas leyes y todos estos ordenamientos tienen dificultades no solo en estas áreas en muchas otras áreas, por lo tanto hemos tenido algunas dificultades que estamos subsanando pero no tenemos la menor duda que busca avanzar en un área desprotegida", concluyó.

El TDLC condenó a Cencosud, Walmart Chile y SMU a una multa que asciende a las 13.947 Unidad Tributaria Anual, es decir, más de $8 mil millones.

La tarde de este jueves, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a las cadenas de supermercados Cencosud, Walmart Chile y SMU por colusión en la venta de carne de pollo, hecho que fue negado por las entidades comerciales quienes aseguraron que recurrirán a la Corte Suprema para "afirmar nuestra inocencia". Así lo sostuvo el consorcio empresarial Cencosud a través de un comunicado, en el que señaló que no comparte la decisión del tribunal, reiterando que "no han participado en conductas anticompetitivas".

"Estamos convencidos que tanto la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como el TDLC calificaron erróneamente los hechos. Nuestra filosofía es y ha sido siempre competir firmemente en el mercado atendiendo el marco legal y el apego a la libre competencia", explicaron en el documento. Asimismo, Walmart Chile lamentó la condena del TDLC, que conlleva una multa a las tres cadenas que asciende a las 13.947 Unidades Tributarias Anuales, es decir, unos $8 mil millones.

Al respecto, la firma aseguró que "en el transcurso del proceso que lleva a cabo el organismo se han entregado argumentos sólidos, que avalan el correcto actuar de la compañía". La cadena explicó en un comunicado que llegarán hasta la Corte Suprema "para demostrar que cumple con la normativa en materia de libre competencia y que aquello debiera eximirla de responsabilidad".

"Tal convicción -agregaron- es fruto de un trabajo continuo por alinear preventiva y permanentemente las prácticas y cultura institucional de una empresa que cuenta con más de 51 mil colaboradores en todo el país".

En tanto, SMU explicó que la actual sentencia se contradice "con aquella dictada por el TDLC y confirmada por la Corte Suprema en el denominado 'caso pollos', en donde se dejó claramente establecido que fueron los productores de pollo quienes se coludieron sin la participación de las cadenas de supermercados". "Negamos rotundamente haber participado de alguna coordinación de precios con nuestros competidores (…) Contamos con altos estándares éticos y diversos procedimientos internos para resguardar las buenas prácticas con nuestros proveedores y clientes", señalaron desde la compañía.

El director general de la DGA, Óscar Cristi, explicó que en las nuevas zonas de prohibición no se podrán entregar permisos sin un estudio previo, solicitud que además deberá ser visada por los máximos órganos ambientales del país.
La Dirección General de Aguas (DGA) limitará la entrega de derechos de agua para las mineras en todo el país, pasando de 30 a por lo menos 70 “zonas de prohibición” y donde los permisos deberán ser aprobados por autoridades ambientales.

Así lo manifestó el director general de la DGA, Óscar Cristi, al sitio de noticias Bloomberg, quien indicó que estas zonas de prohibición no se podrán entregar permisos sin un estudio previo, solicitud que además deberá ser visada por los máximos órganos ambientales del país.

“Hay áreas donde hay minería que van a estar dentro de las nuevas zonas de prohibición. En algunos lugares, las mineras pueden extraer más que el nivel de recarga y eso amenaza la sustentabilidad del acuífero”, explicó Cristi,

Hasta el momento, según Bloomberg, la DGA otorga permisos en base a la información que las mismas mineras entregan.

Para Cristi, los casos más complejos se dan en el norte del país, en especial en las mineras Escondida y Zaldívar, que deberán ajustar sus niveles de extracción y uso de agua.

“Es importante que Escondida y Zaldívar puedan ajustar sus niveles de extracción actuales si quieren continuar operando, dado que la disponibilidad de agua en el acuífero no es suficiente para permitir los niveles de extracción actual”, añadió.

En el caso de Escondida, que cuenta con permiso para extraer 1.400 litros por segundo, promete reducir la tasa a 640 litros desde 2020 y hasta 2030, según documentos oficiales, apunta el medio.

De acuerdo a Bloomberg, la minera Zaldívar no tiene un plan de contingencia, por lo que “tendrá que cerrar si no se renueva su licencia de agua, aseguró la compañía en un correo electrónico”, sostiene el sitio de noticias.

“La mina está en los últimos años de vida útil y probablemente dejará de producir en 2029. La licencia actual le permite a la empresa sacar 500 litros por segundo hasta 2025 y Antofagasta solicitó permiso para bombear 213 litros por segundo hasta 2029”, detalló el medio.

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