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Seremi de educación anuncia proyecto de Ley que crea el Sistema de Financiamiento Solidario para la educación superior

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  • La iniciativa reemplazará al Crédito con Aval del Estado y al Fondo Solidario de Crédito Universitario y será administrado por una institución estatal, sacando a la banca del sistema. Contempla a todas las instituciones acreditadas, una tasa de interés del 2% real anual y un esquema de pago de hasta 15 años.

En las dependencias de Inacap, sede La Serena, el Seremi de Educación, Luis Tello González, el Vicerrector de Inacap, Francisco Wittwer y estudiantes, dieron a conocer el proyecto de ley que firmó el presidente Sebastián Piñera el pasado jueves que crea el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) para la educación superior.

Este beneficio corresponde a uno de los principales compromisos del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera en materia de educación. Con la firma del proyecto de ley que crea el Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) y en la cual reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y será administrado por una institución estatal, sacando a la banca del sistema.

Según el Seremi de Educación, Luis Tello González este proyecto de ley se enmarca en el compromiso del plan de Gobierno en materia de educación del presidente Piñera. “Estamos cumpliendo con los compromisos de campaña que el presidente adquirió y que el gobierno ha ido cumpliendo con tranquilidad”, sostuvo el seremi.

Para el estudiante de la carrera de Ingeniería en Maquinaria, Vehículos Automotrices y Sistemas Electrónicos, Roberto Yaicán, explico que “este nuevo sistema nos permitirá renegociar nuestra deuda, luego de pertenecer al sistema bancario ahora será a un estatal, en el cual podremos ejecutar un mejor pago y un mejor financiamiento de nuestras deudas” dijo.

El SIFS estará disponible para todos los estudiantes que pertenezcan a los nueve primeros deciles de ingresos y accedan a instituciones de educación superior acreditadas. Para quienes ingresan a universidades, deben tener al menos 475 puntos promedio en la PSU. Quienes opten por CFT o IP, deberán tener un promedio NEM superior a 5,3 o pertenecer al 50% superior de su promoción o ranking.

Asimismo, el sistema financiará el arancel regulado más un porcentaje de la brecha entre arancel regulado y arancel real (éste dependerá de la vulnerabilidad del estudiante y del nivel de acreditación de la institución), con un tope de 1,5 veces el arancel regulado, y tendrá una tasa de interés de 2% real anual.

Por otra parte, las instituciones de educación superior deberán garantizar que los alumnos que obtengan el crédito estatal y que pertenezcan a los seis primeros deciles de ingresos no paguen mientras estudian. Para ello, deberán cubrir aquella parte del arancel real que no cubre el crédito estatal y las becas de arancel estatales con becas y/o créditos propios.

Además, el esquema de pago del SIFS contempla hasta 180 cuotas (15 años). Una vez pagadas, la deuda se extinguirá sea cual sea el remanente. En el caso de las cuotas que los jóvenes soliciten suspender por cesantía o por tener ingresos inferiores al salario mínimo se considerarán pagadas.

Cabe destacar que los actuales deudores del CAE deberán expresar su voluntad si quieren traspasarse al nuevo sistema. En ese caso, la institución estatal pagará al banco y generará un nuevo crédito para el beneficiado, con las nuevas características.

Francisco Wittwer, vicerrector de INACAP, Sede La Serena mencionó que “es importante que el seremi este presente y se reúna con estudiantes y anuncie este nuevo beneficio de fondo de financiamiento para la educación superior, el cual sustituye el actual sistema del CAE”.

De acuerdo con los datos de Comisión Ingresa, del total de jóvenes que han estudiado con el CAE, 397.700 aún están en etapa de estudio, mientras que 86.377 están dentro del periodo de gracia antes de que se inicie el cobro. En tanto, 390.220 están en etapa de pago. De este último grupo, el 77% son egresados de sus carreras y 23% son desertores.

El costo fiscal del CAE fue de $549.629 millones, mientras que el del FSCU alcanzó los $96.841 millones, según el Presupuesto 2017.

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